Por Nicholas Casey y Patricia Torres
CIUDAD MIRANDA, Venezuela — Veinte mil personas viven en este bastión de concreto construido por Hugo Chávez. Él les otorgó las llaves y ellos le dieron sus votos.
Hubo
algo que el expresidente prometió pero nunca les entregó: los títulos
de propiedad que permitirían que sus simpatizantes pudieran vender estos
inmuebles.
Ahora que los viejos adversarios de Chávez han asumido el control del Congreso en Venezuela,
parece que adoptan y mejoran sus tácticas políticas. Quieren conceder
las escrituras de cientos de miles de viviendas construidas por Chávez y
su movimiento para ganar la lealtad de los más desfavorecidos en los
próximos años.
La estrategia es tan ambiciosa como cualquiera de los planes socialistas
orquestados por Chávez, pero tiene un giro contradictorio. Durante
años, la oposición denunció a Chávez por usar las ganancias de la
abundancia petrolera para financiar la construcción de viviendas; ellos argumentaban que era un ardid para comprar votos.
Ahora
los nuevos líderes usan las mismas maniobras populistas que antes
criticaban: evidencia de que no se ha acabado la práctica de ganarse la
confianza de la gente mediante dádivas gubernamentales.
“La
oposición está tratando de imitar los aspectos populistas del
chavismo”, opinó Francisco Rodríguez, un economista de Bank of America
Merrill Lynch.
Después de que tomaron el poder de la Asamblea Nacional
por primera vez en 16 años, los opositores se deshicieron de todos los
retratos del expresidente que había en el Capitolio, presentaron una
propuesta de ley para liberar a los presos políticos y amenazaron con
destituir al Presidente Nicolás Maduro, fiel sucesor de Chávez.
Sin
embargo, la presión ejercida por el desastroso desempeño económico hace
que los legisladores tomen medidas populistas. El Fondo Monetario
Internacional pronostica una inflación anual de 720 por ciento
en Venezuela y la incontrolable escasez de comida hace que la gente
haga filas durante horas frente a las tiendas. El precio del petróleo,
el alma financiera del país, ha colapsado. Con Maduro en la presidencia,
la legislatura no puede intervenir en la política económica.
Así
que los diputados se han enfocado en los cientos de miles de casas que
Chávez y sus seguidores construyeron. El asunto de quién controla los
títulos de propiedad de las viviendas trasciende el hecho de que sean un
regalo. Chávez, quien murió de cáncer en 2013,
transformó los petrodólares en concreto e inició un experimento para
que la población más vulnerable de Venezuela se mudara de los barrios a
complejos habitacionales. Maduro ha seguido los pasos de su predecesor.
De hecho, los gobiernos anteriores a Chávez trataron de obtener votantes
a cambio de viviendas.
“Este
asunto va al fondo del modelo económico que debería regir en
Venezuela”, comentó David Smilde, un sociólogo de la Universidad de
Tulane que vive en Caracas. “¿Son los ciudadanos quienes deberían
decidir qué hacer con su propiedad o el gobierno debe tomar la decisión
en última instancia?”.
Julio
Borges, el legislador que presentó el proyecto de ley, argumenta que
las casas pueden proporcionarle capital a los pobres y esto impulsará la
actividad económica, lo que puede ayudar a reducir la crisis en
Venezuela y lograr que las personas de escasos recursos decidan su
destino.
“Las
personas han sido tratadas como si fueran niños”, señaló Borges. “Con
esta ley se puede vender y heredar, algo que ahora es imposible”. Los
simpatizantes de Maduro ven cualquier propuesta de transferir los
títulos como un truco sucio, un intento descarado de reclamar dinero por
el vasto depósito de casas construidas como propiedad pública.
“Le
dimos a las personas una vivienda digna”, dijo Darío Vivas, un
legislador del Partido Socialista Unido, al que pertenece Maduro. “Julio
Borges y la oposición no han construido una sola casa”. Vivas argumentó
que el gobierno ya había cumplido su promesa de entregar los títulos de
propiedad, una postura que los izquierdistas sostienen. No obstante,
varios expertos respondieron que si el gobierno alguna vez repartió
escrituras, fue a muy pocos, por lo que la mayoría de los residentes no
tienen títulos de propiedad.
Este
mes, en un acalorado discurso durante su informe anual de gestión ante
los legisladores, Maduro juró hacer lo que estuviera a su alcance para
obstaculizar el trabajo de sus oponentes.“Tendrán que derrocarme para
llevar al país a una ley de privatización”, declaró entre aplausos de
sus simpatizantes.
En
Ciudad Miranda, a una hora de Caracas, Coromoto Carmona mira a través
de una ventana llena de barrotes. Esta mujer, de cuarenta años y
desempleada, cuenta cómo consiguió su casa y explica que ahora se
convirtió en un lugar donde se siente atrapada. Carmona perdió su
primera vivienda en un deslizamiento de tierra sucedido en 1999 y pasó
cinco años en los albergues del gobierno. En 2004 recibió una
emocionante llamada del gobierno: tendría una reunión en la mansión
presidencial, La Casona, donde Chávez le otorgaría una nueva casa.
Así
fue que se mudó a un inmueble de dos habitaciones con nueve miembros de
su familia. Pronto empezaron los problemas. Se dio cuenta que había
pocas escuelas y establecimientos para comprar víveres; tampoco existían
espacios públicos para los residentes. En la actualidad solo hay agua
una vez a la semana y por cuatro horas.
El
gobierno de Chávez le prometió, tanto a ella como a sus vecinos,
otorgarle el título de propiedad de su vivienda. No obstante, Carmona
solo recibió una hoja laminada que decía que tenía permiso para residir
allí. Si decidiera irse, no es seguro que pueda encontrar otro lugar
para vivir. “Es como estar en la cárcel”, dijo.
Franco
Micucci, uno de los arquitectos que trabajó en el proyecto de Ciudad
Miranda, comenta que los problemas sociales de este desarrollo urbano se
replican en otros lugares y, al igual que el chavismo, serán un desafío
para los nuevos líderes de Venezuela. Explicó que cuando se trazaron
los planos originales estaban contemplados los espacios públicos y
servicios como escuelas y tiendas para los residentes. Pero el gobierno
solo construyó casas.
“No
me sorprende que los habitantes quieran irse del lugar”, comentó. “Yo,
como muchos otros arquitectos, fuimos optimistas”, pero al final “Ciudad
Miranda es como ‘Ciudad de Dios’”, añadió, refiriéndose a la película
brasileña que trata sobre los barrios inundados de drogas en Río de
Janeiro.
Los
residentes de Ciudad Miranda cuentan que el área está controlada por
grupos armados, conocidos como colectivos, que son aliados del partido
de Maduro. A pesar de perder la mayoría en la Asamblea Nacional, el
movimiento político del presidente ganó en Ciudad Miranda.
Yoni
Iriarte, un activista opositor de 26 años, contó que los miembros de
los colectivos lo rodearon con sus motocicletas y lo amenazaron cuando
hacía campaña para promover el voto. “Me dijeron: ‘El gobierno te va a
quitar tu casa’”, relató. Otros residentes del vecindario, incluida
Carmona, contaron que recibieron amenazas similares. Iriarte asegura que
si le dan el título de su vivienda votaría con libertad.
“Si
el gobierno no me chantajeara con quitarme la casa, podría votar por
quien quisiera sin importar quién sea el presidente”, declaró.
Ricardo Hausmann, economista de Harvard que trabajó para el gobierno venezolano en la década de 1990, ve otros beneficios.
Al
lograr que los pobres de Venezuela sean dueños de sus viviendas, los
diputados le estarían dando un capital a personas que no lo tienen, algo
que, a largo plazo, podría impulsar la movilidad social. “Tener
derechos de propiedad significa que tienes un activo, estás empoderado”,
dijo, refiriéndose a proyectos del pasado que hicieron lo mismo con la
vivienda pública en Argentina. “Los efectos son enormes: ahorras,
inviertes y mejoras tu casa”.
Rodríguez,
del Bank of America, fue más cauteloso. Citó los planes de
redistribución de tierras después de la revolución mexicana, cuando los
campesinos recibieron los títulos de pequeñas parcelas y, en última
instancia, la posibilidad de venderlas. Al final, los grandes
propietarios compraron muchas de estas parcelas, algo que podría pasar
con los apartamentos venezolanos, explicó. “Si permites que las personas
vendan sin restricciones, puedes crear nuevos problemas”, señaló
Rodríguez.
Marquesa
Alcendra, de 68 años, quiere vender. Después de perder su casa en un
derrumbe y pasar varios años en albergues temporales —incluso vivió
durante un tiempo en la “Torre de David”,
un rascacielos en construcción que estaba tomado por invasores—,
recibió una casa en Ciudad Tiuna, un proyecto que Chávez construyó en
una base militar de Caracas.
A
primera vista los grandes edificios lucen idílicos: construcciones
nuevas con apartamentos de dos habitaciones, elevador y áreas comunes.
Afuera los residentes jugaban un partido de fútbol callejero con un
grupo de obreros chinos contratados para trabajar en las nuevas
construcciones.
Sin
embargo, Alcendra explica que el único lugar para comprar comida es una
tienda del mercado negro que vende los productos básicos a precios
mucho más altos que los regulados por el gobierno. Ha instalado rejas en
sus ventanas pues teme que alguien pueda robarle. Y aunque los soldados
de la base vigilan la entrada al complejo, dice que le teme a sus
vecinos. “Antes mi vida era mejor”, comentó.
No
todos se sienten así. Los partidarios más leales de Chávez, que le
profesan una veneración casi religiosa, tienen otra opinión.
“Salí
de vivir en una pocilga en lo alto de una montaña donde tenía que subir
500 escalones y solo llegaba agua una vez al mes para estar aquí, donde
lo tengo todo”, dijo Daniel Velázquez, un activista que presume su casa
construida en el proyecto de vivienda gubernamental de Bellas Artes, la
zona de museos en el centro de Caracas.
Su
esposa, Ana, preparaba arepas en una cocina donde los sartenes colgaban
de la pared en forma ordenada. A ella no le interesan los planes de la
oposición para darle las escrituras de su casa. “Parece que están
tratando de que nos olvidemos de Chávez”, expresó. “Por eso sacaron sus
fotografías de la Asamblea Nacional. Pero no van a lograr que lo
olvidemos. No pueden tumbar los centenares de edificios que construyó”.
Vía New York Times
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